21 octubre, 2021

Se urge el restablecimiento de servicios de salud sexual y reproductiva tras la pandemia de COVID-19

A raíz del confinamiento y de las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19, se produjo una interrupción de los servicios de salud materna e infantil y la suspensión de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Una experta de la ONU afirma que los gobiernos deben retomarlos de manera inmediata.

Millones de mujeres han sufrido ciertas restricciones en el acceso a la atención maternal y neonatal, como resultado de las medidas adoptadas para frenar la expansión de COVID-19, y en algunos casos no han tenido ningún tipo de acceso, advierte la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud.

Según un informe sobre el derecho a la salud física y mental, alrededor de 14 millones de mujeres en el mundo no tuvieron acceso a los anticonceptivos y a servicios dirigidos a las víctimas de violencia de género en el momento que más los necesitaban. 

Son derechos humanos

Ahora es momento de que los gobiernos retomen aquellos servicios de salud sexual y reproductiva que se vieron suspendidos debido a la pandemia y enfaticen la importancia de tener acceso a derechos relacionados con la sanidad. 

El autor del informe, Tlaleng Mofokeng, remarcó el hecho que los derechos de salud sexual y reproductiva están incluidos en tratados vinculantes sobre derechos humanos, jurisprudencia y documentos de resultados de consenso de conferencias internacionales.

La relatora comentó que las limitaciones en el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva fueron resultado de los bloqueos, restricciones de movimiento y desvío de fondos a causa del COVID-19.

Nuevas restricciones

“Además se ha visto que hay nuevas medidas y leyes vigentes en todas las regiones que restringen el acceso al aborto seguro, elemento que forma parte de los servicios sexuales y reproductivos del derecho a la salud”, enfatizó.

 La experta insta a los Estados a que lleven a cabo una reconstrucción y un fortalecimiento de los sistemas sanitarios, para promover derechos de salud sexual y reproductiva para todos, ya que estos constituyen el derecho a la sanidad. 

También hizo hincapié en la importancia de garantizar acceso amplio a una atención médica de calidad, en cuanto a salud materna, anticoncepción y aborto, y a la detección de enfermedades como el cáncer.

Asimismo, la relatora propuso una educación sexual integral

Patriarcado y colonialismo

El autor del informe explicó que aún persisten grandes barreras que no permiten que todo el mundo goce de los derechos de salud sexual y reproductiva. Algunas de ellas están relacionadas con los modelos patriarcales y colonialistas, y a las grandes desigualdades que existen.

También afirmo que el patriarcado es un elemento oprimente en todas las sociedades, ya que impide la autonomía, la sexualidad y el control de las mujeres y niñas sobre su propio cuerpo.

“El legado del colonialismo continúa presente en todas las regiones a través de leyes, políticas y prácticas que criminalizan la diversidad en las identidades de género, los actos consensuados entre adultos del mismo sexo; y restringen e impiden derechos sexuales y reproductivos”, denunció.

La experta exhortó a los Estados a respetar y proteger los principios de autonomía, integridad corporal, dignidad y bienestar de las personas, sobre todo en lo que concierne a los derechos de salud sexual y reproductiva.

Finalmente, se puso de manifiesto el compromiso de colaborar con aquellos Estados y autores involucrados en la defensa del derecho a la salud física y mental de todas las personas.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Noelia Gómez Bosqued

Fuente: ONU Noticias