El Alto Comisionado de la ONU pide a los Estados que tomen iniciativa en restringir la pena de muerte

La imposición de la pena de muerte por el Estado conflictúa con los principios de dignidad humana y con el derecho fundamental a la vida. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estableció el derecho a la vida, 170 Estados han dejado de aplicar la pena de muerte.

La amenaza de la pena capital puede destinarse a fines impropios, como herramienta de represión para opositores políticos, para esparcir miedo, y discriminar a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, así como miembros de la comunidad LGBTQ. 

Expertos en justicia penal señalan que la respuesta adecuada yace en prevenir y controlar los delitos, dentro de un sistema de justicia penal basado en derechos humanos dónde se permite el acceso a la justicia, la reparación, y la dignidad a víctimas y supervivientes.  Participantes de la mesa redonda instaron a los Estados a buscar la abolición total de la pena de muerta, si es necesario primero adoptando una moratoria de las ejecuciones y limitando el ámbito de aplicación la pena capital.

 En el aniversario de 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk  afirma que hasta que todas las naciones hayan abolido la pena de muerte, “se habrá completado el camino hacia la defensa de la dignidad humana.”

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