Luchando por una vida mejor para las mujeres encarceladas en México

El encarcelamiento de mujeres en México ha incrementado exponencialmente en los dos últimos años, aumentando el número absoluto de mujeres encarceladas y su porcentaje entre la población penitenciaria. Este hecho viene explicado por la adopción de leyes punitivas sobre drogas que afectan a las mujeres de manera desproporcionada, dado que más de la mitad de las mujeres privadas de libertad en México lo están por delitos contra la salud pública, al tener una cantidad de drogas un poco superior a la permitida legalmente. El uso excesivo de la detención preventiva es un factor fundamental que contribuye al desmesurado encarcelamiento de mujeres por este tipo de delitos en México.

La organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres, lucha por ayudarlas y que sean tratadas de acuerdo con las normas internacionales a través de la contribución al ejercicio de los derechos humanos de estas mujeres en México mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social. Concretamente, llevan desde 2014 enfocándose en la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas en México, los cuales constituyen la imputación más común contra las mujeres privadas de libertad.

La organización, concluyó al ver los censos que la mayoría de las mujeres tenían características parecidas, esto es, eran privadas de libertad por posesión de drogas para uso de comercio, ya que, al poseer poco más de la cantidad permitida legalmente, las autoridades consideran que se trata de posesión con fines comerciales. Además, la mayoría son mujeres que delinquen por primera vez, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que han sufrido abusos físicos y sexuales o que están incriminadas por algún delito.

Las consecuencias del encarcelamiento para estas mujeres, sus familias y comunidades pueden ser devastadoras, a pesar de que su privación de libertad no tenga ningún impacto sobre los mercados de drogas ni sobre el tráfico de estas sustancias.

Víctimas de abusos

Por otro lado, tal y como expone la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), México es uno de los estados donde se cometen más torturas. El estudio demuestra que un alto número de mujeres detenidas han sido víctimas de abusos sexuales, violaciones, torturas y agresiones físicas por parte de las autoridades. Además, más del 50% de las mujeres detenidas no fueron informadas de los motivos de su detención ni de sus derechos, hecho que provoca una clara situación de indefensión.

En el año 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos las cuales contienen directrices relevantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos.

De acuerdo con las Directrices para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de la libertad, no privativas de la libertad y medidas para mujeres delincuentes,  a las internas que informen de la comisión de abusos se les deberá proveer protección y apoyo inmediato. Su denuncia debe investigarse por una autoridad competente e independiente, con total respeto al principio de confidencialidad, teniendo en cuenta los riesgos de represalias de la persona responsable de los abusos. Además, las internas que queden embarazadas como consecuencia de un abuso sexual deberán recibir un asesoramiento y consejo médico adecuado, así como apoyo y tratamiento para su salud y ayuda legal.

Asimismo, el reglamento especifica que, en el momento de registro de las reclusas, se deberán aplicar medidas eficaces que garanticen la protección de la dignidad de las mujeres durante los registros personales, que deberán ser realizados por personal penitenciario femenino capacitado. Manifiesta también la promoción de sensibilidad al género mediante el acceso de las mujeres que sufren abusos de sustancias en la comunidad a programas de tratamiento para prevenir la comisión del delito.

Teniendo en cuenta el aumento de detenciones y encarcelaciones por delitos relacionados con las drogas, el reglamento prevé que, al determinar la condena, se debería poder considerar por parte de los juzgados la atenuación de la condena a las mujeres que han cometido este tipo de delitos.

Reinserción social

La Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD) revela que los índices de reincidencia siguen en aumento entre ciertos grupos delictivos, con un índice de reincidencia del 70% o más según los datos de países individuales.

La ONUDD indica que para evitar la reincidencia y detener el ciclo de integración social fallida, los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reinserción social eficaces. En consecuencia, EQUIS estudió, analizó y propuso políticas necesarias para el cumplimiento y protección de los derechos de las mujeres en el momento de su detención, así como la creación de distintas organizaciones que tienen como objetivo común la lucha por los derechos de las mujeres, como son: Mujeres Unidas por la libertad, Lebusol, Mujeres libres México, y Artículo 20.

Otro problema al que se enfrentan las mujeres es que, al salir del centro penitenciario y recuperar su libertad, las políticas de reinserción son prácticamente nulas, lo cual les provoca una dificultad para volver a tener un vínculo con la sociedad que les permita acceder a una oferta laboral y a su salud mental.

Concretamente, México no tiene políticas públicas de reinserción social, lo más parecido es el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que EQUIS pide que se aplique en todos los estados para que las mujeres que estuvieron privadas de libertad puedan reintegrarse en la sociedad mediante la creación de oportunidades y fortaleciendo sus habilidades laborales para encontrar empleo y obtener ingresos económicos.

Por este motivo, EQUIS desarrolló un mecanismo de justicia social para liberar a las personas encarceladas de manera injusta por la política de seguridad fallida, un mecanismo de reinserción social y una política de drogas basada en el derecho a la salud, así como la participación de las mujeres, niñas y sociedad civil en la elaboración e implementación de este tipo de política.

La organización propone la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento en el caso de mujeres embarazadas y madres acusadas de delitos menores y no violentos, mediante trabajos en beneficio a la comunidad, tratamientos de deshabituación, personarse ante una autoridad, pagar una multa o una amonestación verbal, entre otras.

Autora: Carolina Sorgente Aguilar, estudiante en prácticas en ANUE