Etiopía: Las partes del conflicto en Tigray podrían haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad

3 noviembre 2021. Derechos Humanos

Según una investigación conjunta de la ONU y Etiopía se están produciendo ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia, entre otros abusos perpetrados en la región por los diferentes actores. Frente a este escenario, Michelle Bachelet urge el fin de la guerra mientras Etiopía se encuentra en estado de emergencia.

El informe proporcionado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, divulgada este miércoles, muestra que todas las partes del conflicto en Tigray han cometido atrocidades que pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los resultados de la pesquisa concluyen que todos los actores de la región del norte de Etiopía colindante con Eritrea que formaron parte del conflicto han violado el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y los derechos de los refugiados.

El informe remarca la magnitud del conflicto: el impacto devastador sobre la población civil, una serie de violaciones y abusos, incluyendo torturas, violencia sexual y de género, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, atropellos contra los refugiados y desplazamiento forzado de civiles, entre otros.

El informe abarca el periodo entre el 3 de noviembre de 2020 hasta el 28 de junio de 2021. La primera fecha marca el punto de inicio del conflicto armado entre la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, la Fuerza de Defensa de Eritrea, las Fuerzas Especiales de Amhara, Amhara Fano y otras milicias por un lado, y las Fuerzas Especiales de Tigray, la milicia de Tigray y sus aliados por el otro. Se finalizó la investigación cuando se hizo la declaración unilateral de alto el fuego por parte del gobierno de Etiopía.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó a las partes del conflicto a detener los combates y advirtió sobre el riesgo de un catastrófico empeoramiento de la precaria situación humanitaria que ya se vive en Tigray. Michelle Bichelet solicitó el cese de tensiones y urgió a los actores bélicos a que protejan a la población civil.

El estado de emergencia, un riesgo

Las demandas por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se producen en un contexto de estado de emergencia en la región de Tigray, en Etiopía, tras el avance de las fuerzas de Tigray hacia la vecina región de Amhara y el bombardeo de Mekelle, la capital de Tigray, por parte de las fuerzas gubernamentales. El lunes pasado, las fuerzas de Tigray dieron indicios de tomar la capital del país para deponer al gobierno.

Michelle Bachelet remarcó que la declaración del estado de emergencia supone un riesgo, ya que implica provisiones muy laxas como “amplios poderes de arresto y detención que profundizarán las divisiones, supondrán una amenaza para la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, generarán mayor conflicto e incrementarán el sufrimiento humano, que ya alcanza niveles muy elevados”, dijo.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos muestra su preocupación tras la declaración del estado de emergencia general en Etiopía en un momento tan crítico; ya que esto agudizará la vulnerable situación en el país concerniente a los derechos humanos. Añade que otras restricciones de acceso también podrían extremar la situación humanitaria”.

Durante la presentación del informe, Bachelet instó a que se revelase la verdad y se hiciera justicia para que las víctimas y sus familias recibiran una compensación. La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos puso énfasis sobre el hecho que “los civiles de Tigray han sido objeto de violencia y sufrimiento brutales. Los autores de la investigación concluyeron que se produjeron numerosas violaciones y abusos, incluidos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y de género, violaciones contra refugiados y desplazamiento forzado de civiles”. Para llegar a estas conclusiones se entrevistaron a unas 270 víctimas y testigos, y se produjeron más de 60 encuentros con funcionarios federales y regionales.

Las atrocidades

Michelle Bachelet apunta que se puede concluir que todas las partes del conflicto quebrantaron principios de derecho internacional y ello puede constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que las víctimas no estaban involucradas en los enfrentamientos.

A modo de ejemplo, se produjo el bombardeo de la casa de una familia en Mekelle por parte de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, en la que fallecieron cuatro personas y no hubo justificación militar aparente.

También se produjo el caso de una mujer de 26 años de Adiet que fue atacada por soldados de las Fuerzas de Defensa de Eritrea frente a su hija de tres años y relató que el grupo de jóvenes “Samri” Tigray agredió con machetes a un hombre en Maikadra, luego le disparó por la espalda y lo arrojó al fuego.

Según los hallazgos de los investigadores, los enfrentamientos se caracterizaron por el uso de una crueldad extrema en los asaltos a los civiles y las violaciones masivas de mujeres.

Además, una parte importante de la población no ha recibido asistencia alimentaria debido al aumento de las hostilidades en la empobrecida región de Tigray, y esto ha situado a unas 400,000 personas en situación de hambruna.

Justicia

Frente a esta situación, la Alta Comisionada enfatizó la importancia que se diera una rendición de cuentas.

“Se debe responsabilizar a los perpetradores de todas las partes por la gravedad de las violaciones y todos los abusos que se han documentado”, apuntó.

En cuanto a los atropellos infligidos contra los refugiados, los investigadores concluyeron que entre noviembre de 2020 y enero de 2021, los enfrentamientos entre los grupos armados de Tigray y las fuerzas eritreas cerca de un campamento de refugiados causaron la huida de miles de eritreos que vivían ahí y cientos más desaparecieron, además de que sus hogares fueron destruidos.

Según los hallazgos del informe, las fuerzas eritreas violaron el principio fundamental de no devolución al forzar el regreso de los ciudadanos refugiados en Etiopía, y apunta que las fuerzas de Tigray asaltaron las viviendas de los refugiados y las instalaciones de las ayudas humanitarias.

Debido a “asesinatos, violaciones, destrucción y saqueo de propiedades, temor a represalias y ataques étnicos e identitarios”, especialmente en el oeste de la región de Tigray, miles de civiles tuvieron que huir.

Recomendaciones

El informe llama a las diferentes partes del conflicto a cesar las violaciones, los abusos y a tomar medidas de protección necesarias hacia los civiles y la infraestructura civil.

Los actores involucrados también deben llegar a un acuerdo sin condiciones que ponga fin a las hostilidades y que conduzca a la eliminación de cualquier medida que exacerbe la crisis humanitaria.

Se recomienda al gobierno etíope que establezca órganos imparciales que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas y efectivas respecto a las denuncias de violaciones y que los responsables rindan cuentas.

En lo que concierne al gobierno de Eritrea, se deben iniciar investigaciones que cumplan las normas internacionales y se deben tomar medidas inmediatas con el objetivo de garantizar el cese de aquellos actos de violencia perpetrados por las fuerzas estatales contra la población civil.

De la comunidad internacional y la ONU se solicita la promoción y el apoyo a aquellos esfuerzos que promueven el cese de las hostilidades y logren una paz sostenible e inclusiva.

Fuente: ONU Noticias